Un reducido grupo de dirigentes mantiene su resistencia interna frente a esta iniciativa

El PP ya anunció en su día, cuando se aprobó la ley que regula los matrimonios homosexuales, su intención de promover un recurso de inconstitucionalidad contra esa iniciativa. Desde entonces, las bodas gays se han convertido en una fuente de controversia constitucional y hasta tres jueces ?los encargados del registro civil de Telde (Gran Canaria), Denia (Alicante) y Burgos? han presentado cuestión de inconstitucionalidad ante el TC contra la reforma del Código Civil planteada por el Gobierno.


Estudio serio. La dirección popular, por su parte, encargó a un grupo de juristas, en el que está la «flor y nata» constitucionalista, un estudio serio para determinar si había base suficiente para que un recurso pudiese prosperar. El PP no está dispuesto a hacer oposición por la vía de la judicialización de la política, y menos en un asunto tan sensible como éste, pues afecta directamente a un sector de la población. Por eso, la condición de partida para seguir adelante con el recurso es que hubiese base jurídica que confirmase que en la ley aprobada el pasado 3 de julio, y en la que el Gobierno había puesto tanto empeño, había aspectos que vulneraban la Carta Magna.

A falta del informe final, que estará listo probablemente para la próxima semana, de momento se ha encontrado justificación legal para la actuación y ningún motivo que permita pensar que la iniciativa no tiene posibilidades de prosperar. El PP tiene de plazo hasta principios de octubre para presentar el recurso y es previsible que la decisión de seguir adelante se confirme en breve.

Este asunto tiene también una lectura política, aunque oficialmente desde el PP se le intente restringir al ámbito jurídico. De ahí que el retraso en la ratificación de lo que en su día el propio Rajoy anunció haya alentado los rumores y haya dado oxígeno a la corriente ?con reducida plantilla? crítica con la medida, pero que sigue dando la batalla, sobre todo dentro del grupo parlamentario. Antes del verano, ya se pronunció en público la ex ministra Celia Villalobos, e incluso algún asesor de Mariano Rajoy.


Apoyo de la familia. Entre tanto, el presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, envió ayer una carta a Rajoy en la que le instaba a llevar ante el TC la ley de matrimonios gays. En su misiva señala que la citada ley «es de carácter regresivo y supondrá un doble acto de injusticia y agravio para con la familia y la infancia, ya que equipara uniones de naturaleza y fines distintos al matrimonio y la familia y, además, da la posibilidad de adopción de niños a homosexuales, lo que impedirá y eliminará el derecho de los niños a tener un padre y una madre». «Es una ley aprobada de espaldas a la sociedad y que ha provocado un rechazo generalizado por todo el espectro social español», añade, informa Servimedia.

Información extraida de: La Razon