Organizaciones de padres y profesores temen que la redacción de la ley dé pie a manuales como el de Castilla-La Mancha

La Ley Orgánica de Educación llega a la fase decisiva de la votación en el Pleno del Congreso. El dictamen de la Comisión -órgano que hace dos semanas debatió las enmiendas de los grupos parlamentarios y las transaccionales del PSOE que modificaban aspectos sustanciales- incorpora las últimas concesiones de los socialistas a partidos y organizaciones educativas, entre ellas, las relativas a la escuela concertada tras el acuerdo alcanzado con la federación de religiosos de enseñanza.

Uno de los retoques figura en el Preámbulo, donde se exponen los motivos y filosofía del proyecto, y se refiere a los fines de la educación. Entre ellos, resalta «el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual». O de la homosexualidad, en palabras más llanas de otras organizaciones que, sin cuestionar el respeto que merecen las opciones sexuales, llaman la atención sobre el hecho de que se incorpore como fin en sí mismo de la educación cuando, «no aparece la adquisición de conocimiento», dice el secretario general de la federación de Enseñanza de USO, José Luis Fernández Santillana.

El inciso responde a una enmienda que presentó IU, con el argumento de que «se deben incluir propuestas que reflejen la diversidad afectivo-sexual de la sociedad en el currículo a través de los fines del sistema educativo y los objetivos de sus etapas».
Ya en el articulado no se hace mención expresa de la sexualidad y la ley sólo cita el desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos; el respeto de los derechos y libertades fundamentales; la educación en el ejercicio de la tolerancia y la libertad; la educación en el mérito y el esfuerzo personal; el respeto hacia los seres vivos; a la pluralidad lingüística y cultural o la capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales, entre otros.

USO considera que la redacción de la exposición de motivos puede alentar casos como el de Castilla-La Mancha, donde se distribuyó una «Guía para chicas» como material de apoyo a docentes, en la que aconsejaba a las adolescentes que se masturbaran y sugería que se dieran masajes con amigas «de confianza».

Recientemente, este sindicato se hizo eco de la denuncia del presidente de una asociación de padres de Aragón, que aseguraba que en algunos colegios, sin contar con los padres ni comunicárselo, se habían retirado dos clases de asignaturas troncales para dar una de educación sexual, no contemplada en la programación anual del centro.

Otros sindicatos, como la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza (Anpe), apoyan los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, pero defienden la transmisión de valores «más acordes con nuestra tradición cultural y del humanismo cristiano». La «diversidad afectivo-sexual», o la «homosexualidad», si se quiere, «bajo ningún concepto puede ser considerada un fin de la educación», asegura el presidente de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Cofapa), Mariano Calabuig, que precisa que, «como padre, no se me puede ocurrir al nacer un hijo mío que una de las primeras cosas que debe reconocer es la existencia de homosexuales».

El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, expresó su oposición frente a quienes «no respetan el derecho de los padres a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones» y que «intentan inmiscuirse en nuestra labor y tienen el atrevimiento de querer educar sexualmente a los chicos hasta el punto de repartir guías como en Castilla-La Mancha».

Por otro lado, Concapa volvió a confirmar la «nula intención negociadora del Gobierno y de su Grupo», que no se ha manifestado sobre sus propuestas a pesar de la aireada oferta de diálogo. Y ha anunciado que si el jueves «el presidente del Gobierno no ha cumplido su palabra y ha vuelto a engañar a la sociedad», empezarán una campaña informativa que concluirá con la solicitud de retirar la LOE y la dimisión de Zapatero. Sin descartar actuaciones más contundentes -añaden- si «la imposición de un modelo educativo intervencionista» se hace al final realidad, «ignorando la demanda social».

Las organizaciones convocantes de la manifestación del 12-N creen que las modificaciones realizadas en la Comisión de Educación del Congreso son un «maquillaje» para una ley parcheada, que «no responde a la demanda de toda la sociedad de que la educación sea una cuestión de Estado y objeto de un pacto que garantice la calidad y la estabilidad».

Información extraida de: La Razón