26 marzo 2006

PUERTO RICO. DENUNCIAN ABUSOS CONTRA LA POBLACIÓN NO HETEROSEXUAL



SAN JUAN.- La población de lesbianas, homosexuales, bisexuales y trasnsexuales de Puerto Rico es víctima constante de abusos policiales y de discriminación institucional, denunciaron hoy representantes de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Con motivo de la presentación del informe de Amnistía Internacional "Stonewall. Seguir exigiendo respeto. Abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Estados Unidos", la Comisión de Derechos Civiles, la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico y la Comisión para la Prevención de la Violencia lamentaron los abusos a los que es sometida esta colectividad en Puerto Rico.

El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Osvaldo Burgos, aseguró que muchas injusticias que se llevan a cabo contra la población no estrictamente heterosexual no son denunciadas por miedo a no ser tomados en serio por los agentes que recogen las querellas, quienes, según dijo, no están preparados para atender denuncias relacionadas con la discriminación por orientación sexual.

Que agentes encubiertos de la Policía coqueteen e inviten a homosexuales para que cuando éstos propongan mantener una relación sexual, los arresten, es una práctica habitual en Puerto Rico: "se los ligan y luego los arrestan", dijo Burgos.

El abogado Manuel Rodríguez, de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, indicó que esta práctica es un "entrampamiento" que supone "una violación a los derechos humanos", y explicó que estas situaciones son muy frecuentes en Bayamón y otros municipios, sobretodo antes de las fiestas patronales "como parte de campañas de embellecimiento".

La homofobia también afecta a los jueces, que por miedo a ser tachados de homosexuales no dictan sentencias favorables o agilizan los casos en los que están envueltos miembros de esta población, aseguró Rodríguez, quien defendió la educación como mejor arma para combatir la discriminación por orientación sexual, que tuvo buenos resultados en los casos de violencia doméstica entre heterosexuales (Ley 54).

Burgos mencionó varios casos que han sido presentados ante la Comisión, como el de aquel ciudadano que fue "enamorado" por un policía que lo arrestó cuando, incauto, le propuso mantener sexo al agente encubierto, quien de camino al tribunal le obligó a practicar con él sexo oral.

Que un miembro de las fuerzas de seguridad de un estado obligue a practicar sexo a un arrestado es "una crasa violación" de los derechos humanos internacionales y "el Gobierno de Puerto Rico está fallando en cumplir con los derechos de vida de la población de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero", denunció Margarita Sánchez de León, de la sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional.

Burgos narró también el caso de un ciudadano que fue obligado por un asaltante a retirar dinero de un cajero automático para entregárselo y el atracador le dijo que si lo denunciaba él diría que se trataba de un pago por favores sexuales.

Cuando la víctima fue a denunciar el caso, tuvo múltiples problemas porque aquellos que tramitaron la querella creyeron siempre la versión del atracador o no lo tomaron en serio.

Junto a Sheila Rodríguez, de la Comisión Para la Prevención de la Violencia, quien señaló los efectos contra la salud pública que tiene la discriminación sexual, los líderes de la defensa de los derechos humanos presentaron el informe de Amnistía Internacional, que aún siendo para los Estados Unidos, aseguraron que es perfectamente aplicable para Puerto Rico.

En el informe Stonewall se denuncia el trato hostil sistemático que recibe la población no estrictamente heterosexual de la Policía, los funcionarios de prisiones, los compañeros de trabajo o la propia comunidad, así como la discriminación institucional.

Pero la discriminación empieza por la familia. Burgos informó de que en el centro de ayuda a indigentes La Fondita de Jesús hay gran número de jóvenes homosexuales de la zona rural del interior de la isla, que repudiados por sus padres, se ven abocados a la mendicidad y la prostitución en el área metropolitana.

El informe Stonewall será enviado hoy junto a una carta lamentando estas situaciones al superintendente de la Policía, Pedro Toledo, al secretario de Corrección, Miguel Pereira, y al gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá.

Información extraida de: Diario Libre

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