ESPAÑA PAÍS PIONERO DE LAS BODAS HOMOSEXUALES

España es oficialmente el tercer país europeo que permite las bodas entre homosexuales desde el pasado 3 de julio del 2005, cuando se aceptó en el parlamento - 183 votos a favor y 136 en contra - la propuesta de ley presentada con anterioridad por el Partido Socialista. En España, según un estudio elaborado por el CIS después de la aprobación de esta nueva ley, hay 10.474 parejas gay. Esta reforma tiene varios objetivos claros: igualar los derechos de todos los ciudadanos, eliminar todo tipo de discriminaciones, además de ofrecer a las parejas homosexuales los mismo derechos de pensión, herencia y adopción que tienen las parejas heterosexuales al contraer matrimonio.

A pesar de esta nueva ley de ámbito estatal, cabe destacar que en comunidades como Aragón, Asturias, Catalunya, País Vasco y Navarra ya existía con anterioridad un modelo de unión basado en las parejas de hecho que también permitía a estas parejas adoptar un hijo. La situación que avivó el conflicto ya existente fue una boda, la primera en Madrid el pasado 31 de julio. La paradoja: quién oficio esta boda civil fue Alberto Ruíz Gallardón, alcalde Popular de Madrid. La pareja un tanto particular: Javier Gómez - responsable y activista del colectivo de Gays y Lesbianas del Partido Popular - y Manuel Ródenas - responsable del programa de asesoramiento de Gays, Lesbianas y Transexuales de la Comunidad de Madrid.

El alcalde afirmó que tan sólo se limitó a desempeñar su labor de alcalde cumpliendo así con la nueva normativa, dejando de lado sus convicciones y la opinión del Partido Popular, aunque la pareja declaró que el alcalde siempre ha apoyado la causa gay. El PP le acusó al alcalde de Madrid de incoherente, y le exigió que actuara con más consecuencia y de acuerdo con las decisiones tomadas por el partido del que forma parte. A partir de este cambio, se abrieron dos debates en España acerca de la dudosa moralidad de estos enlaces y otro acerca de las capacidades y derechos de las parejas homosexuales para adoptar un hijo.

Estos dos debates tiene como protagonistas los sectores más conservadores de la población, liderados por la Iglesia Católica - arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela y el Vaticano - el Partido Popular y varias organizaciones en defensa de la familia tradicional. Estos temen, principalmente, una distorsión radical de los valores fundamentales de la sociedad, pues a su parecer se desnaturaliza la institución del matrimonio. El Vaticano incluso pidió a todos los funcionarios que hagan una objeción de consciencia, es decir, que se nieguen a casar este tipo de parejas. El Partido Popular presentó su propuesta alternativa, un prototipo de ley que permita las uniones homosexuales pero sin alterar la institución del matrimonio.

El Instituto de Política Familiar (IPF) y el Foro Español de la Familia expresaron su fuerte rechazo hacia esta nueva ley, criticando también la ley del divorcio. Consideran que estas reformas no van a provocar más que el aumento de la ruptura familiar, impidiendo además que los niños adoptados tengan un padre y una madre y negándoles un crecimiento "normal". La vicepresidenta del gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, respondió a las críticas de la Iglesia recordándole que en el caso en que obedezcan a su petición y no cumplan con su deber, éstos estarían incumpliendo la ley.

Le recordó a Rouco Valera que la institución eclesiástica tiene plenos derechos para manifestar su opinión y voluntad públicamente, pero no debe olvidar que las cuestiones gubernamentales no son de su incumbencia. De la Vega subrayó que con esta nueva normativa, no se perjudica a ninguna familia. La sociedad española, a pesar de mostrarse bastante dividida en un primer momento parece que hoy ya lo tolera y acepta con mejores ojos. Según encuestas realizadas este verano un 68'8% de la población esta a favor de los matrimonios homosexuales y un 54% confía en las plenas capacidades de las parejas homosexuales, tanto de hombre como de mujeres, para criar y educar un niño.