01 diciembre 2007

El Foro por la Familia amenaza con querellarse contra Iglesias Riopedre

Lo harán si el consejero envía inspectores a los colegios para ver qué alumnos asisten a Educación para la Ciudadanía La asociación dice que ya hay más de quinientas objeciones

El Foro Asturiano por la Familia interpondrá una querella criminal contra el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, en caso de que éste lleve a cabo su intención de enviar inspectores a los centros para controlar qué alumnos asisten a las clases de Educación para la Ciudadanía y quiénes no lo hacen. En la denuncia acusarán al responsable regional de «coaccionar a los menores», al obligarles a asistir a una clase a la que se niegan a ir.

El presidente de la organización, Ángel Mario Díaz, asegura que el Principado gestiona ya «más de medio millar» de objeciones. Al menos 38 de ellas pertenecen a alumnos de 3º de la ESO (único curso en el que se imparte la materia por ahora), y han decido optar por la vía judicial. No obstante, por ahora sólo 18 se han convertido en recursos contencioso-administrativos.

Hay diferentes formas para plantear el desacuerdo con la materia, tal y como explicó Díaz a los más de cuarenta padres que se reunieron ayer en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Delegación de Gobierno, Consejería de Educación, los centros educativos y la vía judicial son los caminos recomendados.

Los padres no quieren ni oír hablar de posibles suspensos en la asignatura o de la posibilidad de que sus hijos no pasen de curso. A su juicio, los menores, simplemente, no asisten a las clases. En las calificaciones finales debe figurar un «no presentado»; jamás un suspenso. Y la nota media final debe tener en cuenta una asignatura menos que la del resto de los alumnos.

La hija de Belén Menéndez es una de las escolares que no asisten a la lección de Educación para la Ciudadanía. Su testimonio contradice las palabras de Riopedre. El consejero niega que en el Principado existan niños que no acudan a clases de esta materia, pero en el centro de la menor, el Peñamayor, cinco chicas se reúnen en un aula mientras el resto de sus compañeras atienden a las explicaciones de la maestra. En el Nazaret, el colegio al que lleva a sus hijos César García, el pequeño también abandona la clase cuando llega la hora de esa materia.

García tiene ocho hijos y se niega a que alguien les «imponga valores diferentes» a los que su familia ha elegido. Igual sucede con Belén Menéndez, madre de cuatro chicas. «El Estado no tiene por qué educar moralmente a nuestros hijos», defiende. Menos beligerante, Jerónimo de la Hoz considera que el problema reside en obligar a los niños a recibir una asignatura «doctrinal».

«Si fuera optativa, no protestaríamos», mantiene. Y teme que los contenidos de Educación para la Ciudadanía varíen en función del color político del momento. Es una de las quejas más recurrentes. Así, aseguran que sus hijos tendrán que escuchar sermones sobre la Constitución y la conveniencia de los matrimonios homosexuales y que en su nota de calificaciones se valorarán «actitudes morales».

«Flaco favor»

Díaz mandó ayer un mensaje a los centros privados y concertados, a los que acusó de hacer «un flaco favor» tratando de adaptar los temarios a su ideología. Sirve para tranquilizar a los padres, opina, pero «es imposible». Lo que deberían hacer los directores es, en opinión del presidente del Foro Asturiano por la Familia, «permitir que los padres objeten y no hacer apaños inservibles».

El vicepresidente de la organización, José Luis Lafuente, está preocupado porque a sus hijos tratan de imponerles «una educación para la dictadura». Confía en que la justicia actúe, pero por si acaso, ve una luz en el cambio de gobierno. Y recuerda que la materia sólo se cursa en las «regiones socialistas».

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