11 enero 2008

El Tribunal Superior de Murcia investiga el estado mental del polémico juez Calamita

El juez de familia Fernando Ferrín Calamita se hizo conocido el año pasado por decisiones en las que expresaba su menosprecio hacia los homosexuales: otorgó la custodia de unas niñas al padre porque la madre era lesbiana e impidió que una mujer adoptara a la hija de su esposa. Ambas actuaciones le valieron la apertura de dos expedientes en el Consejo del Poder Judicial. Ahora, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia va a someter al juez a un examen psicológico para ver si está en condiciones de seguir ejerciendo sus funciones.

El tribunal ha ordenado, en un acuerdo adoptado el pasado 4 de diciembre, que dos médicos forenses elaboren un informe sobre la salud mental del magistrado, que en los últimos años ha estado de baja por estrés laboral en numerosas ocasiones.

El resultado de este proceso, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia citadas por el diario La Opinión de Murcia, podría ser que el magistrado abandonase el juzgado de familia para ser trasladado a otra jurisdicción que no le plantease problemas de conciencia relacionados con su vinculación a Iglesia católica. Otras fuentes judiciales sostienen que la intención del TSJ murciano es inducir la jubilación forzosa del juez, de 50 años, declarando su incapacidad permanente para seguir en la carrera judicial.

Como prueba de esta posible incapacidad se podría recurrir a las declaraciones realizadas en su día por el juez al justificar sus actuaciones en un caso concreto de adopción: "No hace falta ser perito para saber que un niño necesita un padre y una madre, y que si le falta una de esas referencias crece 'cojo", escribió el magistrado. En sus sentencias ha defendido que las figuras del padre y de la madre "son esenciales para el desarrollo armónico del niño", ha indicado que es "contrario al divorcio" y ha criticado la ley que permite la adopción por parte de parejas homosexuales.

El juez ya tuvo problemas hace 20 años en su primer destino como juez en Chiclana (Cádiz), cuando mandó detener en la playa a una chica en top-less y a otra desnuda porque se sintió "faltado al respeto" al verlas. La conducta no era ilegal.

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