21 febrero 2008

Homosexuales: frenazo al ultramontano acoso judicial

 

El irrepetible Mustafá Kemal Atatürk consiguió transformar la teocrática Turquía, anclada en la Edad Media, en un país orientado a Occidente. Sus reformas fulminaron todo residuo de religiosidad de la vida pública. Si hoy no acechan setenta millones de talibanes a las puertas de Europa se lo debemos, con toda seguridad, a este masón legendario.

Desgraciadamente, setenta años después de la muerte de aquel coloso, algunos pretenden regir la vida social por posiciones religiosas. En esta España, con tufo a sobaco de sacristía, un juez ha pretendido imponer sus posturas de catolicismo rancio sobre lo que establece la ley. Es el caso del magistrado Fernando Ferrer Calamita. Felizmente, el Consejo Gral del Poder Judicial acaba de suspenderle de funciones al encontrarse incurso en un proceso penal por el presunto delito de “retardo malicioso en la administración de justicia”. El Código Penal lo tipifica en su artículo 449: “…Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima”. A salvo la presunción de inocencia, se imputa al magistrado “oposición reiterada” a la adopción de una niña por parte de una lesbiana.

 
Nada extraño en alguien que, anteriormente, había sido expedientado por “expresiones extravagantes”. Por ejemplo, al denegar la custodia a una madre lesbiana. En este procedimiento el juez dictaminó: “El ambiente homosexual perjudica a los menores y aumenta sensiblemente el riesgo de que estos lo sean”… surge la pregunta: y si son homosexuales… ¿qué? Para empezar no considero que ser homosexual constituya, per se, un riego. “Riesgo” parece encontrarse más en las parejas hetero donde, diariamente, saltan noticias truculentas de puñales y sangre. Por no hablar de los colegios católicos en los cuales no parece difícil toparse con un cura pederasta. Aunque, según el obispo de Tenerife, los menores “lo están deseando y van provocando”.


No obstante, conviene destacar que si este juez se halla suspendido de funciones, ha sido expedientado y sancionado y se encuentra encausado penalmente, no es por verter opiniones. La causa de sus problemas legales deriva de aplicar sus normas “morales” en detrimento de las legales. Del mismo modo que un juez español y musulmán debería ser inhabilitado si antepusiera los derechos de los hombres sobre las mujeres en base a una alambicada o errónea interpretación del Corán.

 
De cualquier modo, resulta muy bienvenida la decisión del Consejo General del Poder Judicial, un auténtico frenazo a cualquier acoso por razón de tendencia sexual y una llamada de atención sobre la cancerígena mezcla de lo público y lo religioso.

 
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor

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