15 mayo 2008

El juez Ferrín, cuestionado por homófobo, será juzgado

Un magistrado del TSJ de Murcia respalda sus actuaciones

Fernando_Ferrin_Calamita

El juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calmita será juzgado por retardo malicioso en la administración de justicia y prevaricación por el caso de una mujer lesbiana que quería adoptar a la hija biológica de su esposa y que vio cómo su expediente quedaba paralizado por las creencias religiosas del magistrado. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decretado, después de instruir el procedimiento, la apertura de la fase de juicio oral. A pesar de ello, el instructor del caso, Manuel Abadía, avala en su auto las actuaciones del juez Ferrín y, citando jurisprudencia francesa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asegura que "no existe acuerdo científico" sobre la conveniencia de que los homosexuales adopten.

Una vez más, como hacía Ferrín, se vuelve a defender que en los procedimientos de adopción por parte de homosexuales se sigan trámites y cautelas que no existen cuando la pareja es homosexual. El juez instructor del caso señala que en este tipo de adopciones hay una "colisión de intereses en juego", sin especificar que en Francia -país al que hace referencia en más de siete folios de su escrito- no hay ninguna ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Trata el tema sin tener en cuenta que en España el Parlamento aprobó en julio de 2005 una ley que cierra la "falta de acuerdo científico" y que permite a los matrimonios homosexuales adoptar en condiciones de igualdad. Al margen del debate, los jueces españoles están obligados a aplicar la ley.

El caso que motivó la querella es el siguiente: Vanesa de las Heras quería adoptar a la hija de su esposa, Susana Meseguer, y en mayo de 2006 presentaron los papeles en el juzgado. Cuando se trata de un matrimonio heterosexual el trámite apenas se demora. Pero se toparon con el católico Fernando Ferrín Calamita, que no creía que los niños deban tener padres o madres homosexuales. El juez pidió, para empezar, un informe psicosocial. No le gustó el que llegó -que no entraba a valorar si las adopciones por parte de homosexuales eran buenas o malas-, y nombró a la niña un defensor judicial porque consideraba que su madre era "parte interesada" y que no defendería bien sus intereses.

El defensor fue la Dirección General de Familia de Murcia, y una psicóloga de la entidad elaboró otro informe, también favorable. El juez la requirió entonces para que respondiera a preguntas como las siguientes: "¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia "normal", formada por personas de distinto sexo? ¿No es alta la probabilidad de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?". Y pretendía que las contestaran no sólo esta psicóloga, sino "todos" los de la entidad.

Finalmente, planteó una cuestión de inconstitucionalidad, pero más de un año después de iniciarse el expediente. Si la cuestión de se hubiera presentado desde un principio, nada se podría objetar legalmente a la actuación de Ferrín, pues los jueces tienen derecho a plantear estas dudas ante el Constitucional. Sin embargo, en lugar de hacerlo así, el magistrado dilató el procedimiento nombrando defensores judiciales y buscando psicólogos que le dijeran que una lesbiana no debería adoptar para poder así rechazar el expediente en contra de lo que dispone la ley. Ahora, el instructor de su caso determina que lo que hizo, bien estaba.

Ferrín fue suspendido cautelarmente en febrero por esta querella. Antes, llevaba meses de baja por depresión. Fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial con una multa de 600 euros por un caso en el que otorgaba la custodia de los hijos al padre argumentando que tener una madre lesbiana perjudicaba a los niños. Y tiene otro expediente abierto por el caso de Vanesa y Susana.

El País

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