Un proyecto de ley que legaliza las uniones civiles entre personas del mismo sexo avanza en el Congreso

Enrique ofrece consultorías en comunicación y Andrés canta ópera. Se conocieron en un bar gay de la capital costarricense y dos meses después estaban comprando cama. Ahora viven juntos, pero ante la ley no son más que compañeros de piso.

Nada de derechos gananciales ni seguros médicos, ni herencias ni cosa que se parezca a una unión reconocida por el Estado. Esperan ahora que un proyecto de reforma legal capitalice el apoyo político para que antes de que termine esta legislatura en Costa Rica puedan presentarse como pareja ante un juez.

¿Matrimonio homosexual? Ni se menciona. La palabra puede resultar detonante en una sociedad donde el catolicismo decrece en adeptos, pero no en influencia. Además, Andrés es de los que reza el rosario y cree con fervor en la institución de los sacramentos.

Hablar de uniones civiles o de hecho, sin mezclarlas con la palabra matrimonio, ni mucho menos hablar de adopciones, es el camino que ha escogido el movimiento homosexual costarricense para reclamar sus derechos civiles y ponerse en la línea de Holanda, España, Uruguay, Bélgica, Suráfrica, Canadá y los Estados de California y Massachusetts en EE UU.

“El debate es único en la región”, expresa con cierto orgullo Abelardo Araya, coordinador del Movimiento GLBT (gay, lésbico, bisexual y transexual) en Costa Rica, un grupo que ha recibido la asesoría constante de sus homólogos españoles, quienes confían en generar un efecto dominó en Centroamérica. “Todos los modelos de familia deben tener cabida en este siglo. Reconocer que dos personas del mismo sexo son familia no resta derechos a otros modelos familiares; simplemente, se está admitiendo una realidad que existe en España y en Costa Rica”, dijo en el diario La Nación Antonio Poveda, activista de la comunidad homosexual española. Los líderes costarricenses le siguen el discurso, pero saben que Centroamérica tiene sociedades menos dispuestas a imaginar a Enrique y a Andrés besándose en un ambiente de boda.

Por eso quieren caminar al borde de la línea. La reforma legal, incluso, podría transformar su formato para evitar modificar directamente el Código de Familia y activar un debate distorsionante. “Alterar el concepto de familia aquí es algo delicado, porque es ir a la base cristiana del matrimonio y es obvio que la Iglesia se opone”, comentó la diputada opositora Andrea Morales (Acción Ciudadana), conocida por las posturas rompedoras a las que la inclinan sus 26 años de edad.

Apoyos al proyecto de ley

El apoyo político viene de todos lados. Legisladores oficialistas y hasta la ministra de Salud, María Luisa Ávila, han dado su respaldo al proyecto de ley, que los homosexuales esperan ver aprobado antes del 2010 y que ahora evalúa la comisión legislativa de Derechos Humanos. “Desde el punto de vista de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, si las personas homosexuales o lesbianas sienten que con esta ley se les ratifican derechos y se van a sentir más felices, pues van a mejorar su salud”, ha explicado Ávila.

El propio presidente, Óscar Arias, había manifestado un mes antes de resultar elegido su simpatía con la legalización de las uniones de hecho.

Posturas similares han presentado diputados de todas las bancadas, salvo el representante del partido cristiano Restauración Nacional, Guyón Massey, quien insiste en que se estaría creando otra categoría de familia. Abelardo Araya teme, además, que dirigentes de la Iglesia católica estén aparentando pasividad y que, a hurtadillas, presionen directamente a los congresistas. “Los sacerdotes creen que estamos hablando de un matrimonio homosexual solapado, pero estamos hablando sólo de derechos civiles semejantes a los de una pareja heterosexual que vive en matrimonio. Creemos que es totalmente válido”, agregó el dirigente.

Costa Rica, aunque menos conservador que la mayoría de países de América Latina, presenta una fuerte relación entre los poderes y la religión oficial.

Y aunque cada vez hay menos católicos practicantes, otras iglesias cristianas aumentan al amparo de ideas menos propensas a asuntos como las uniones entre personas de igual sexo. “Ahora hay que hacer leyes solo para playos” [forma despectiva de referirse a los homosexuales en Costa Rica], dijo con ironía un profesor de secundaria al leer en el periódico las posiciones de los diputados. Andrés y Enrique saben que la ley es mucho más que un “capricho de playos”.

El País