MEZQUINO PATALEO

MERCEDES García Arán Catedrática de Derecho Penal (UAB)

El matrimonio entre personas del mismo sexo ha provocado reacciones que ya vivimos con el tema de los anticonceptivos y la oposición de algunos farmacéuticos a despacharlos. A ciertos sectores sociales les cuesta dar el paso que va de tolerar la clandestinidad a reconocer la plenitud de derechos, en una forma de hipocresía social que perdura de forma exasperante.
La cosa cambia cuando las reticencias, obstáculos y oposición provienen de quienes están encargados de aplicar la ley. Los funcionarios públicos no pueden plantear objeción de conciencia ante las leyes que les hemos encargado ejecutar, porque vaciarían el concepto de función pública, opuesto, por definición, al interés particular de quien la tiene encomendada.
Puedo entender que la juez del Registro Civil de Dénia plantee la constitucionalidad de la ley, aunque creo que no tiene razón, porque eso se reserva para las leyes que condicionan el "fallo" (artículo 35.1 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional) y el juez del Registro Civil no "falla" nada, ni ejerce la jurisdicción: sólo desempeña una función administrativa judicializada sin resolver controversia alguna. Pero lo que merece todos los reproches es la actitud obstruccionista de algunos funcionarios, denunciada por asociaciones de gays y lesbianas. Me parece una mezquindad hacer recaer sobre los ciudadanos titulares de derechos el descontento con las leyes aprobadas por el Parlamento, en un patético ejercicio del derecho al pataleo. Con ello, no sólo incumplen su función, sino que defraudan la confianza depositada en ellos.

Información extraida de: El Periodico