El único poder sin limitación en la democracia española es el de los jueces. Unos señores pasan unas oposiciones y administran justicia sin la más mínima restricción, sólo la de que una instancia superior corrija su decisión. Hay que soportar las decisiones de los jueces por arbitrarias que sean, se trate de la negación a inscribir un matrimonio homosexual, una recriminación a unas chicas por hacer topless, un olvido para mandar a la cárcel a un condenado por pederastia o una modificación del sistema legal en educación.

Unos señores muy estudiosos deciden nuestras vidas. En el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a la sala de lo contencioso se la conoce por Sala Vaticana porque sus resoluciones están teñidas de fundamentalismo religioso. Esta sala corrige el contenido de una asignatura, la Educación para la Ciudadanía, porque no le gusta la manera en la que se aborda la igualdad entre hombres y mujeres. De la misma manera se arroga la capacidad para ordenar el sistema educativo.

Si unos padres pidieron que a su hija se le computase en el baremo de acceso a un centro escolar el hecho de tener a una hermana en el centro, la Sala Vaticana va un paso más allá y acaba de un plumazo con la ratio, el mecanismo para limitar el número de alumnos por aula que tiene como fin mejorar la calidad en la enseñanza, y como colofón nos riñe por la baja tasa de natalidad de España. Si se elimina la ratio podríamos llegar al absurdo, como se ha señalado, de que los padres de 1.000 niños de la misma edad elijan idéntico colegio y tendrán que ser escolarizados en la misma aula, siguiendo los muy religiosos preceptos del TSJA. Desconozco el nivel de los conocimientos jurídicos de estos jueces, aunque es de presumir que sean elevados. Tampoco sé con precisión sus principios morales, pero parece que son tan profundos que nos los quieren aplicar a todos los demás aunque no los comparamos.

Lo que sí sé es que pueden destrozar el sistema educativo andaluz establecido por la legislación aprobada por los representantes de la soberanía popular. Y lo que ya resulta escandaloso es que los dirigentes del Partido Popular aplaudan un desbarajuste de este calibre, incluido el desprecio a las leyes aprobadas por los parlamentos de los que forman parte. Menos sorprendente es el Defensor del Pueblo, que apoya la sentencia para eliminar la ratio, aunque Chamizo siempre está a favor de todo.

Es curioso cómo se entiende el precepto constitucional de que los padres tienen derecho a elegir los valores religiosos y morales que deseen para la formación de sus hijos. Se aplica en el sentido de que los padres pueden elegir colegio y que la administración pague esta elección. En los colegios públicos se ofrece la formación religiosa que los padres deciden, sea esta católica, evangelista o musulmana pero de lo que se trata es de establecer una segregación y mandar a ciertos niños a los colegios religiosos con dinero de los impuestos para que allí no lleguen los niños de los inmigrantes ni los que tengan necesidades educativas especiales, una especie de racismo y de eugenesia social con dinero de los impuestos, todo muy católico. El sistema de conciertos educativos es una de las mayores incongruencias del Estado al sufragar con fondos públicos dos redes que compiten entre sí, una pública y otra privada religiosa. Y se da la posibilidad de que los padres elijan, cosa que no ocurre en la sanidad ni en las pensiones, donde no podemos salirnos del sistema público. ¿Por qué tanta obsesión por la educación privada? Por la presión de la Iglesia Católica, uno de los elementos de retraso atávico de España, donde el peso antidemocrático de obispos y congregaciones religiosas atenaza el desarrollo de la sociedad. El desprecio a la educación pública tiene un componente reaccionario a la par que ignora la superioridad de la escuela pública en cuanto a formación del profesorado, valores, dotación de medios, garantías, integración e igualdad. A pesar de todo ello el incienso parece tener más poder que el Estado.

El Pais