La detención de Santiago del Valle, presunto asesino de una niña de cinco años desaparecida el pasado 13 de enero y encontrada muerta 55 días después en la ría de Huelva, ha sacado a la luz preocupantes síntomas de abulia y descoordinación en el Poder Judicial. Es inevitable que el descuido y la indolencia se apoderen de la burocracia pública cuando las instancias encargadas de su control se muestran incapaces de vigilar y corregir sus fallos y errores.

Lejos de asumir las responsabilidades por omisión o negligencia que pueden corresponder al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la prehistoria del crimen de Huelva, la primera reacción de su portavoz fue exigir del Legislativo una reforma del Código Penal que agrave drásticamente las penas de los abusos sexuales con menores, establezca la cadena perpetua para los casos conexos de asesinato y castigue a los reincidentes con la castración física o química. Pero la cólera no es buena consejera para hacer diagnósticos y proponer remedios: la parsimonia del procedimiento legislativo devolverá la serenidad cuando se debata esa revisión normativa que el PP también pretende.

La tragedia de la niña Mari Luz Cortés ha levantado acta de los retrasos no sólo de los procesos penales sino también de la ejecución de sus autos y sentencias. De confirmar los tribunales que Santiago del Valle fue el autor de su muerte, habría bastado con que la maquinaria de la justicia -magistrados, fiscalía, funcionarios de la oficina judicial, inspectores del CGPJ- hubiese cumplido con sus obligaciones en el momento debido para que el crimen no llegara a perpetrarse.

El sórdido historial delictivo del presunto asesino arranca con los abusos sexuales cometidos en 1999 con su hija de cinco años: el Juzgado número 1 de Sevilla le condenó en noviembre de 2002 a 21 meses y medio por ese delito y a un año por otro de falsedad. Aunque la Audiencia Provincial dio firmeza a la resolución en diciembre de 2005, la sentencia no fue ejecutada como consecuencia de una confusa historia de la que forman parte el titular del juzgado, una funcionaria dada de baja durante un incierto periodo y el ministerio fiscal: en cualquier caso, hasta el 27 de marzo de 2008 -con Santiago del Valle ya detenido por la muerte de Mari Luz Cortés- no se dictaría la orden de busca y captura del condenado.

En el intervalo, Santiago del Valle fue castigado en diciembre de 2004 a dos años de prisión por el Juzgado número 4 de Sevilla bajo la acusación de haber manoseado en julio de 2003 a una chica de nueve años; la juez suspendió durante tres años la ejecución de la pena por falta de antecedentes: la Audiencia Provincial no se había pronunciado todavía sobre la condena de 2002.

Del Valle había salido mejor librado en abril de 2003 de la denuncia del vigilante de un supermercado, que le acusó de haber tocado el culo a una menor: el asunto acabó en agua de borrajas. También escapó con suerte -sólo le costó una orden de alejamiento en espera de un juicio que no ha llegado a celebrarse- de la acusación de haber acosado en diciembre de 2006 a una muchacha de 13 años en Gijón con quien había contactado a través del correo sentimental de la revista Telenovela. Salvador del Valle todavía sería detenido en enero de 2007 tras coger en brazos a una niña de cuatro años y medio, pero fue puesto en libertad al día siguiente y obligado a comparecer cada 15 días en un juzgado sevillano -la última vez sería el pasado 3 de marzo- mientras el Juzgado número 1 seguía a la busca de su paradero para ejecutar la sentencia de 2002. En el historial de Santiago del Valle tampoco faltan episodios de hurto y estafa.

¿Cómo es posible que durante sus casi 30 años de existencia el CGPJ -"órgano de gobierno del Poder Judicial" según la Constitución- no haya organizado los bancos de datos y los servicios informatizados necesarios para hacer imposible algo tan disparatado como que un padre condenado en 2002 por abusar de su hija continúe en libertad y pueda reincidir como autor de delitos contra la libertad sexual? Dotado de abundantes recursos humanos y presupuestarios, el CGPJ tiene amplísimas funciones disciplinarias y de control sobre la magistratura; la inspección del Juzgado número 1 de Sevilla practicada en noviembre de 2007 no dio lugar, sin embargo, a ningún expediente.

Se diría que la pasión del órgano de gobierno de la magistratura por hacer política no le ha dejado tiempo durante casi tres décadas para cumplir con sus deberes. La mayoría del actual CGPJ -elegido en la legislatura 2000/2004 por un Parlamento de mayoría absoluta del PP y con su mandato quinquenal vencido desde noviembre de 2006- se dedicó durante la anterior legislatura a obstaculizar la labor de las Cortes y a discutir si el matrimonio homosexual abría paso o no a la legalización de la poligamia y el bestialismo. Entre tanto, la sentencia contra Santiago del Valle dormía en un archivador sin ser ejecutada y el condenado continuaba perpetrando delitos sexuales.

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